El objetivo principal de este trabajo es extraer lecciones a partir del estudio de experiencias internacionales de éxito en el proceso de transición energética para su aplicación en la Comunitat Valenciana, aprovechando las potencialidades de su territorio, con el fin de diseñar una política energética propia y maximizar el efecto positivo de las inversiones realizadas en este campo.
La Comunidad Valenciana, por sus características meteorológicas, geográficas y productivas, se encuentra en una posición privilegiada para la generación de electricidad a través de fuentes renovables como la eòlica y la solar. Y sin embargo el impulso necesario para la instalación de plantas de energías renovables ha resultado menos eficaz aquí que en otras regiones de España.
El informe señala una serie de estrategias para la transición energética en la Comunitat Valenciana que se traducen en recomendaciones para orientar su política energética. Señala con contundencia a las energías fotovoltaica y eólica como las más adecuadas para su expansión en el territorio valenciano. Se identifica un conjunto de medidas que podrían implementarse o reforzarse a nivel autonómico en distintos ámbitos. Entre otras cuestiones, recomienda la necesidad de contar con un mix de energías amplio; apostar por la I+D+i; el apoyo al autoconsumo y a algunas tecnologías incipientes, como la bioenergía o la eólica marina; las campañas de información y concienciación; y subraya el papel ejemplarizante de la Administración. El informe señala la apuesta por el gas natural como medida transitoria junto a otras tecnologías ya consolidadas, como la fotovoltaica, o embrionarias, como la del hidrógeno y subraya la importante y necesaria implicación de la sociedad.
El objetivo principal de este trabajo es el de servir a los órganos competentes de la Generalitat como base para el diseño de iniciativas y programas de actuación dirigidos a construir unos entornos vitales más inclusivos, justos y equitativos para todas las generaciones y a la implementación de políticas de cuidados innovadoras y sostenibles en los que la longevidad no se considere una carga.
La COVID-19 ha situado el tema de los cuidados en el epicentro del debate público. Estamos ante un gran reto como sociedad: según datos de EUROSTAT se espera que el número de personas que puedan necesitar cuidados de larga duración aumente desde los 19,5 millones de 2016 hasta 23,6 millones en 2030 y 30,5 millones en 2050 en la EU-27. D
El documento selecciona unas líneas prioritarias de acción para la Comunidad Valenciana que tienen en común un enfoque basado en derechos. El buen trato fomenta y respeta que las personas mayores puedan disponer de la información necesaria para tomar sus propias decisiones y disfrutar de un envejecimiento saludable y activo con respeto a su voluntad y preferencias. Los entornos donde las personas viven deben ayudar para la vida independiente. En este sentido, el informe analiza hábilmente las diferentes opciones, desde los centros de día y residencias, hasta las experiencias de co-housing y los centros inter-generacionales.
Además el informe pone el acento sobre la gran diversidad de las as poblaciones mayores.Las políticas deben permitir que tantas personas como sea posible logren trayectorias positivas de envejecimiento y eliminen la gran cantidad de barreras que limitan la participación social y las contribuciones de los adultos mayores.
Respecto a las personas mayores de hoy y a las que vendrán en los próximos años es necesario una actuación decidida por la falta recursos y el creciente envejecimiento de la población. El informe recoge algunas experiencias en el resto de España que pueden servir como modelo., incluyendo el edificio intergeneracional Plaza de América en Alicante.
El cuestionamiento del Estado de las Autonomías obliga a valorar los efectos de una eventual regresión en la descentralización acometida desde la transición. El estudio expone el elevado coste de una alternativa recentralizadora para el país con razonamientos teóricos, referencias históricas y evidencia empírica. Focaliza en tres puntos: la integración europea como ejemplo de los problemas en las estructuras de gobernanza multinivel, el federalismo fiscal como marco para la distribución de competencias y recursos entre varios niveles de gobierno y la evidencia empírica acumulada sobre descentralización y actuación territorial del sector público en España.
Los ciudadanos optan por mantener las autonomías en su situación actual. El centralismo genera desigualdades y ejemplos injustificables de concentración. La descentralización es mayor por el lado de los gastos que por el de los ingresos y la Administración Central se resiste a ceder competencias en fiscalidad o facilitar la participación de las CCAA en la administración tributaria. La recentralización lastraría la flexibilidad que exigen las políticas de la UE. La descentralización es mejorable, ajustando mejor los recursos, la solidaridad interterritorial y la lealtad institucional para mejorar la gobernanza. No ha corregido las diferencias existentes en la presencia del sector público en los territorios, pero la recentralización tampoco lo haría. La solidaridad interterritorial aconseja que la Administración Central nivele las diferencias de capacidad fiscal de las CCAA, no busca recentralizar más los recursos, sino su distribución más equitativa.
La integración europea exige una gobernanza multinivel eficaz y eficiente, alinear el Estado de las autonomías y compatibilizar la descentralización con la solidaridad, con nuevos instrumentos: un nuevo sistema de financiación autonómica y espacios de interacción que fomenten el acuerdo y la lealtad institucional.
Este trabajo describe las disfunciones provocadas en el conjunto del estado y en la Comunitat Valenciana por el impacto económico de la capitalidad de Madrid como la política de dumping fiscal implementada desde la Comunidad de Madrid o los efectos de la residencia en la capital de buena parte de las estructuras burocráticas y de decisión del Sector Público Estatal.
El informe avala la reivindicación de una normativa armonizadora de las políticas fiscales autonómicas que evite la competencia desleal entre ellas y la demanda de políticas de corrección del efecto negativo de la capitalidad madrileña en cuestiones como la despoblación de buena parte del territorio, la desigualdad o la ausencia de una política equilibradora de los desequilibrios territoriales.
El estudio reafirma el estudio de 2020 que señala que la capitalidad y las políticas fiscales de la Comunidad de Madrid refuerzan la concentración en la capital de la población, la renta, la riqueza y los mecanismos de aglomeración que genera la actividad privada. Las infraestructuras reforzaron antes las ventajas de Madrid pero hoy es más relevante el capital humano, la inversión en I+D+i, el capital organizacional, y el capital social y relacional de la capital de las unidades centrales de las empresas y las administraciones, una tendencia que crece al competir fiscalmente la Comunidad de Madrid con las otras CCAA por la localización de las bases tributarias y la domiciliación de sus titulares.
El informe analiza la influencia de la capitalidad en la economía de la Comunidad de Madrid. En el siglo XXI el peso del sector público en la economía madrileña se ha reducido, pero es relevante por concentrar gran parte del Sector Público Estatal y por la política fiscal de la Comunidad de Madrid. Muestra que ambos hacen crecer la concentración en la capital de la población, la renta, la riqueza y los mecanismos de aglomeración que genera la actividad privada.
Se estudia la situación actual y la acción reciente de la Comunidad de Madrid en los grandes factores de desarrollo. Las infraestructuras reforzaron antes las ventajas de Madrid pero hoy es más relevante el capital humano, la inversión en I+D+i, el capital organizacional, y el capital social y relacional de la capital de las unidades centrales de las empresas y las administraciones, una tendencia que crece al competir fiscalmente la Comunidad de Madrid con las otras CCAA por la localización de las bases tributarias y la domiciliación de sus titulares. Se analiza la economía madrileña actual, su condición de centro de actividades terciarias y de ocupaciones cualificadas, y su atracción de actividad, empleo y población. También trata el impacto de la concentración en Madrid de numerosos efectivos y decisiones del Sector Público Estatal y la política de reducción fiscal de la Comunidad Autónoma de Madrid.
El objetivo de este informe es analizar la evolución reciente y situación de la salud financiera de las empresas valencianas en cuatro dimensiones de la situación financiera: liquidez, endeudamiento, rentabilidad y carga de la deuda ofreciendo además un diagnóstico de la situación de la empresa valenciana en comparación con las de España. El análisis realizado permite cuantificar el porcentaje de empresas, deuda y empleo en riesgo financiero en la Comunitat Valenciana y detectar en qué grupos de tamaño o sector de actividad el riesgo es mayor.
La principal conclusión de la investigación realizada es que la evolución de la salud financiera de las empresas valencianas ha mejorado sustancialmente con la expansión económica tras la crisis y que es en términos generales mejor que la española y mejor que antes del comienzo de la crisis.
El informe señala que la ventaja de la Comunitat Valenciana se asienta no tanto en una mayor rentabilidad de sus empresas, sino a un menor endeudamiento y a una menor carga financiera, aunque existe todavía un conjunto de empresas frágiles, en un porcentaje importante por motivos estructurales.
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