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Convenio IVIE

El cuestionamiento del Estado de las Autonomías obliga a valorar los efectos de una eventual regresión en la descentralización acometida desde la transición. El estudio expone el elevado coste de una alternativa recentralizadora para el país con razonamientos teóricos, referencias históricas y evidencia empírica. Focaliza en tres puntos: la integración europea como ejemplo de los problemas en las estructuras de gobernanza multinivel, el federalismo fiscal como marco para la distribución de competencias y recursos entre varios niveles de gobierno y la evidencia empírica acumulada sobre descentralización y actuación territorial del sector público en España. Los ciudadanos optan por mantener las autonomías en su situación actual. El centralismo genera desigualdades y ejemplos injustificables de concentración. La descentralización es mayor por el lado de los gastos que por el de los ingresos y la Administración Central se resiste a ceder competencias en fiscalidad o facilitar la participación de las CCAA en la administración tributaria. La recentralización lastraría la flexibilidad que exigen las políticas de la UE. La descentralización es mejorable, ajustando mejor los recursos, la solidaridad interterritorial y la lealtad institucional para mejorar la gobernanza. No ha corregido las diferencias existentes en la presencia del sector público en los territorios, pero la recentralización tampoco lo haría. La solidaridad interterritorial aconseja que la Administración Central nivele las diferencias de capacidad fiscal de las CCAA, no busca recentralizar más los recursos, sino su distribución más equitativa. La integración europea exige una gobernanza multinivel eficaz y eficiente, alinear el Estado de las autonomías y compatibilizar la descentralización con la solidaridad, con nuevos instrumentos: un nuevo sistema de financiación autonómica y espacios de interacción que fomenten el acuerdo y la lealtad institucional.

Sobre el informe

El objetivo principal de este trabajo es avalar las reivindicaciones de un sistema de distribución competencial más descentralizado y de un sistema de financiación más justo, en un contexto en el que tanto el mantenimiento del sistema actual como una eventual recentralización pudieran suponer una grave regresión y un deterioro de los servicios públicos.